Este artículo establece algunos de los factores políticos y sociales que hicieron posible que en Costa Rica se aprobara, en 1977, una ley que reconoce derechos específicos a las “comunidades indígenas” y que, para su época, fue considerada sumamente progresista. La Ley Indígena sigue estando vigente hasta hoy y es el principal referente legal en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. A pesar de su trascendencia, no se conoce de ningún estudio dedicado a explicar su origen. Se realizó una revisión documental amplia que incluye numerosas leyes y decretos ejecutivos, el expediente que recoge la discusión legislativa del proyecto que originó la Ley Indígena y otros expedientes de normas relacionadas, una entrevista a uno de los principales propulsores de la Ley y, finalmente, varios artículos de la prensa costarricense de los años 1960 y 1970. Se argumenta que la aprobación de la Ley Indígena no fue un evento aislado, sino parte de una discusión legal y política sobre los derechos indígenas cuyos orígenes se remontan a finales de la década de 1930 y, en algunos sentidos, hasta el período colonial. Existen dos factores que incidieron en su aprobación. Primero, la gran atención mediática que recibió, en la década de 1970, la desposesión territorial indígena. Las constantes denuncias realizadas por individuos y organizaciones indígenas, en alianza con variedad de sectores sociales, fomentaron dicha atención. El segundo factor fue el apoyo multipartidista que logró la ley, dentro de la Asamblea Legislativa, tanto en su redacción como en su aprobación. Si bien la redacción del texto legal parece haber tenido poca intervención directa de personas indígenas, es improbable que este texto hubiera tomado sus características definitivas y hubiera logrado el amplio apoyo que tuvo sin la movilización de los pueblos indígenas y sectores aliados.